La proliferación internacional del acceso a Internet ha generado importantes beneficios, pero también considerables desventajas, como aumentar la facilidad con que el comportamiento que se ha producido en un Estado puede causar daño a otro. A ello se une que los Estados otorgan prioridades diferentes a las políticas de protección de la libertad de expresión, por un lado, y por otro lado, a quienes protegen la privacidad, la reputación y el honor de una persona y otros derechos de personalidad. Como consecuencia de ello existen divergencias en cuanto a la legalidad de comportamientos específicos, lo cual es el reflejo de convicciones sociales profundamente arraigadas. Dichas divergencias generan conflictos significativos sobre qué jurisdicciones nacionales deberían ser competentes, la ley nacional debe aplicarse a la solución de la controversia y cómo las decisiones tomadas deben ser reconocidas en otros Estados. Con la aspiración de contribuir a la consolidación de un consenso internacional…